Jaime Laguna Berber

El Poder Judicial Federal, es decir los jueces, magistrados y ministros que resuelven asuntos de orden federal que integran Juzgados, Salas y Suprema Corte este orden federal de impartición de justicia, ha iniciado prácticamente una pequeña rebelión motivada por su negativa a ajustarse al tope salarial que la Constitución marca en su artículo 97 que expresamente señala que nadie en el orden federal puede ganar más que el Presidente de la República. Esta disposición está presente desde tiempos de Calderón, pero por razones de complicidades de los demás poderes, partidos y Presidentes se les ha permitido manejar a su completo arbitrio el presupuesto asignado y dispensarse sueldos y prestaciones que están muy por encima del tope salarial fijado legalmente.

En una Acción de Inconstitucionalidad promovida por varios partidos, la CNDH y varios de los integrantes del Poder Judicial Federal se dictó una orden de Suspensión del acto reclamado cuando la ley expresamente lo prohíbe.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia que concedió la suspensión es Alberto Pérez Dayán  

Para ver el tipo de vida que se dan está el caso de Adolfo Eduardo Serrano Ruiz  así bautizaron y exhibieron en redes sociales a Adolfo Eduardo Serrano Ruiz, magistrado #Veracruz inconforme por la disminución de salariosquien en redes sociales se exhibe como lo que es: un personaje que vive del privilegio y que a sí mismo se define como el The Cigar Magistrate, lo que se puede traducir como El Magistrado Cigarro o Puro- puro  ca...-así, en inglés y con toda petulancia exhibe porqué moral y éticamente no debe ocupar él ni los demás Ministros que integran la Suprema Corte ese órgano.

Revisen las fotos

The Cigar Magistrate

Acción de inconstitucionalidad

Legalmente se define como el Recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores y las legisladoras federales o locales o, quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna. También pueden promover acciones de inconstitucionalidad: el Procurador General de la República; los partidos políticos con registro ante el INE; o los partidos con registro local, cuando se trate de leyes electorales; así como la CNDH y los organismos locales en la misma materia. Dichas acciones podrán ejercitarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. En el caso de los diputados podrán interponerse en contra de leyes federales. Por su parte, los senadores podrán hacerlo en reconvención de leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. Si la SCJN declara que una norma es contraria a la Ley Suprema, ésta no podrá volver a tener vigencia ni aplicársele a persona alguna

La Constitución Federal señala que:

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá́, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: I. De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten ... II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. Por su parte la Ley Reglamentaria De Las Fracciones I Y II Del Articulo 105 De La Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos señala en su ARTICULO 64. ... ....La admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada.

Partidarios o no de AMLO debemos exigir la renuncia de los integrantes de la Suprema Corte y que inicie un proceso de limpieza de esa instancia en donde se ha enquistado una casta que se considera por encima de los ciudadanos